Pachuca de Soto, Hidalgo. –
La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo condena enérgicamente
el clima de terror generado por el gobierno estatal contra miembros de la
comunidad universitaria y de los partidos políticos que han decidido promover
el cambio y la sana alternancia en ejercicio de su derecho a votar y ser
votados, en el contexto del actual proceso electoral.
Repudiamos y condenamos el
uso de las policías estatal y municipal para la fabricación de delitos en
evidente prejuicio de las personas, como lo confirma, una vez más, la privación
ilegal de la libertad y la vulneración a la persona y propiedad sufrida por la
licenciada Gabriela Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas
de esta casa de estudios, el pasado viernes 15 de julio.
Nuestra compañera circulaba
en la carretera Pachuca-Tulancingo y al transitar por Mineral de la Reforma fue
detenida en un retén de revisión y se le acusó sin mediar razón legal alguna
que lo justificara, con el pretexto burdo de que conducía un automóvil “robado”.
Cuando presentaba los
documentos, la unidad fue impactada por una camioneta con placas de circulación
MTW-69-95 del estado de México, lo cual originó que los policías procedieran a
llevarse las dos unidades al corralón bajo el argumento de que las partes no
llegaron a un acuerdo.
Aunque la universitaria
demostró la propiedad del vehículo, fue sometida con abuso de fuerza y un
despliegue desmedido de patrullas y personal de los cuerpos policiacos de
Mineral dela Reforma y del gobierno estatal. Fue remitida a las oficinas de
seguridad estatal y de ahí se le llevó, esposada y vigilada por numerosos
policías, a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En todo caso, los
hechos generarían solo una infracción administrativa de tránsito, por lo que no
se justifica la violencia policial ejercida. Del causante del accidente se
desconoce si fue retenido en igualdad de condiciones.
Durante los sucesos varios
compañeros universitarios intentaron defender del empleo desmedido de la fuerza
a la licenciada Mejía y fueron reprimidos y dispersados con violencia usando
gases lacrimógenos.
La sucesión de hechos de
esta naturaleza hacen patente la escalada de violencia que se ha ejercido,
desde el inicio de la actual administración estatal, contra la máxima casa de
estudios de la entidad y su comunidad. Como ciudadanía, observamos que se ha
perdido el respeto a la persona y patrimonio; las autoridades estatales olvidan
que el individuo, sus propiedades y posesiones son inviolables y actúan arbitrariamente
al margen de la legalidad.
En tal sentido, destacamos
la retención de recursos federales, el corte arbitrario del suministro del
agua, los ataques ilegales a la autonomía, la agresión al presidente de la
Sociedad de Alumnos de la Escuela Superior de Huejutla, las acusaciones dolosas
de una supuesta simulación de huelga, la detención “fabricada” de Alberto Isaac
García, hijo de la licenciada Lidia García Anaya, la agresión contra ciudadanos
por parte de grupo de choque tolerados por las autoridades, los ataques al
candidato Julio Menchaca y ahora la ilegal actuación contra las universitarias
Gabriela Mejía, Elsa Ángeles y Leyla Chávez.
Condenamos el creciente
clima de terror que hoy caracteriza a la entidad hidalguense. Exigimos que el
gobierno estatal asuma su responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho,
justicia y seguridad para sus gobernados, y que respete su legítima voluntad
para participar en un proceso electoral limpio y seguro.
Denunciamos la violencia con
la que ha actuado la policía estatal en perjuicio de los universitarios,
particularmente contra las mujeres, quienes han sido agredidas en forma
machista, sexista y misógina, haciendo uso faccioso de las instituciones
encargadas de salvaguardar la seguridad de la población.
Demandamos el cese de la
escalada de violencia contra los ciudadanos y, particularmente, la dirigida a
la comunidad universitaria. Conminamos a las autoridades a conducirse en el
marco de la legalidad en la actual coyuntura electoral que se vive en el país y
en el estado de Hidalgo.
Los universitarios también
somos ciudadanos. Nos preparamos para general cambios trascendentes, y lo
haremos con el pleno derecho a participar libremente en el ámbito de nuestra
elección y con los ciudadanos a este proyecto nacional.
Responsabilizamos a las
autoridades del gobierno de Omar Fayad
Meneses, encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de la población,
por el menoscabo de los derechos, la integridad física y el patrimonio, de lo
miembros de la comunidad universitaria.
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