Ante
el abuso en la utilización de analgésicos opioides, es necesario que el
gobierno mexicano, a través de las instituciones del sector salud y riesgos
sanitarios, fortalezcan las estrategias y criterios científicos que permitan el
uso adecuado de estos medicamentos y garanticen mejores prácticas, aseguró
Fernando Aviléz Tostado, quien preside la fundación “No Más Negligencias
Médicas”.
Es
por ello, aseguró, que las instancias gubernamentales mantengan una supervisión
en la prescripción de este tipo de medicamentos, ya que su uso inadecuado
podría tener repercusiones negativas para la salud de los consumidores de estas
sustancias.
Aviléz
Tostado comentó que en el mundo existe una preocupación creciente por asegurar
el uso adecuado, equitativo y homogéneo de los analgésicos opioides. De este
modo, dicho uso, dijo, estará garantizado para quien necesite estos fármacos,
sobre la base de una buena indicación clínica, y al mismo tiempo se minimizarán
los riesgos inherentes a su uso.
Hizo ver que en los últimos años, en los Estados
Unidos este tema ha sido ampliamente abordado en los medios de comunicación,
particularmente aquellos relacionados con un exceso de indicaciones inadecuadas
de los analgésicos opioides e incluso la derivación hacia un uso posterior de
heroína como sustitutivo de estos fármacos.
“Todo
esto ha condicionado un incremento que se podría decir que “explosivo”, de las
personas adictas que demandan tratamiento por ello y también de los
fallecimientos relacionados. Esta –calificó—es una “epidemia silenciosa” que ha llegado hasta el
punto de exigir la puesta en marcha de acciones específicas por parte del
gobierno de esa nación para frenar este
preocupante fenómeno.
Al
retomar la Guía para el buen uso de analgésicos opioides, Fernando Aviléz
aseguró que pese a que en México no existe una prohibición general de uso de
las sustancias fiscalizadas aquellos casos en los que dicho uso esté
relacionado con fines médicos o de investigación.
Esto
quiere decir que los riesgos de un uso recreativo, tanto a nivel individual
como para el conjunto de la sociedad, no se compadecen con la obligación de las
administraciones de velar por la salud pública general.
Pero
negar el acceso a dichos fármacos, como aún ocurre en ciertos países, supondría
un grave atentado contra los Derechos Humanos, pero que si es necesario contar
con una mayor fiscalización en su uso de este tipo de analgésicos cada vez más
potentes, que han sido autorizados por las agencias del medicamento de países o
regiones como parte del arsenal terapéutico por su balance riesgo/beneficio
favorable.
Pero
–advirtió-- estos fármacos no carecen de efectos secundarios e incluso de
graves complicaciones, a veces mortales, cuando su uso no es el adecuado. A
esto se une una sociedad que cada vez demanda en mayor medida soluciones más
inmediatas a sus distintos anhelos y muestra menor tolerancia a la frustración,
concluyó.
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