CDMX.-
Cientos de agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados y ex
huelguistas de hambre se reunieron frente a lo que otrora fueran las oficinas
centrales de Luz y Fuerza del Centro, para visibilizar los casos de corrupción
que los tienen sin empleo digno ante el gobierno electo el primero de julio.
El diez de
octubre del 2009 más de 44 000 miembros del Sindicato Mexicano de
Electricistas fueron despedidos de un
plumazo, más de 22 000 jubilados quedaron en la indefensión y la Compañía de
Luz y Fuerza de Centro fue extinguida por el gobierno panista de Calderón. En
los primeros meses que siguieron a la extinción, unos 29 mil trabajadores
fueron liquidados, lo que representa el 68 por ciento del total de los
agremiados. Durante siete años 16 599 participaron en la resistencia a la
liquidación, de estos alrededor de mil electricistas se pensionaron. Finalmente
en agosto del 2016 los electricistas en resistencia cobraron sus liquidaciones,
previamente la dirección del SME había constituido una cooperativa y se habían
asociado con la empresa Motaengil para firmar un contrato colectivo que incluía
sólo a 541 trabajadores, el resto, unos 14 000 electricistas fueron liquidados
con la esperanza de pronto obtener trabajo en una nueva cooperativa.
Sin
embargo, los manifestantes sostienen que los únicos que ganaron con la
extinción de Luz y Fuerza del Centro fueron los funcionarios del gobierno
federal y los dirigentes electricistas que a la sazón se coludieron con los
gobiernos panistas y priistas para administrar el descontento de miles de
electricistas por todos estos años y regentar un movimiento pacífico que pacta
minutas y memorándums de entendimiento a espaldas de la base. Los electricistas
insisten en que si, como lo dijo en campaña el Jefe de ejecutivo electo, López
Obrador, pretende erradicar la corrupción en todos los órdenes de gobierno, es
indispensable eliminar esta misma corrupción de los sindicatos y otras
organizaciones sociales
Pero, ¿con
qué datos pueden afirmar eso?
Para el
filósofo mexicano Enrique Dussel la corrupción política se origina “cuando el
que ejerce el poder representativo olvida que está para el servicio del pueblo,
y se desliza el contenido semántico de la sede del poder: desde la comunidad
política o el pueblo el poder pareciera ahora tener a la institución como sede
(el Estado se declara soberano, aún con respecto a su propio pueblo)”.
Es evidente
que el expresidente Calderón no ejerció el poder representativo sirviendo a los
trabajadores y en particular a los electricistas que dejo sin trabajo. El
gobierno panista negó el derecho al trabajo a decenas de miles y no respeto los
derechos adquiridos de los jubilados de Luz y Fuerza, causando un daño
irreparable a la economía de miles de familias. Así, el Decreto de Liquidación
de Luz y Fuerza constituye la mayor injusticia realizada a los trabajadores
mexicanos por un gobierno fascista y asesino.
Ahora bien,
trabajadores de base que lucharon por su trabajo durante estos nueve años
relatan cómo cada vez más se hundían en la pobreza, mientras los miembros del
su Comité central se enriquecían cobrando las rentas de todos los negocios con
las instalaciones del sindicato, reclaman a la dirección haber privatizado cada
rincón de las propiedades de la organización sindical. Y, sobre todo que del
gremio del SME más del 90% de sus agremiados no laboran como cooperativistas, y
sin embargo, los dirigentes ganan como empresarios, por lo que no tienen
legitimidad para hablar del “Derecho y la justicia del trabajador” como reza el
lema de su sindicato.
Pero,
veamos. La corrupción dentro de un sindicato se da cuando los representantes
sindicales ejercen el poder representativo en beneficio particular y se olvidan
que está al servicio de la “comunidad política”, es decir la base trabajadora,
la única que es la sede del poder político.
Los
inconformes aseguran que de los 14 500 que se liquidaron en el 2016 tan sólo
534 tienen un contrato colectivo con Generadora Fénix, por lo que son los
únicos actuales miembros activos del SME, lo cual no corresponde ni siquiera al
dos por ciento de la resistencia que decidió quedarse hasta el final. Un cooperativista
relata que según la administración unos mil trescientos tiene labores
remuneradas en la cooperativa, por lo que más del noventa por ciento de los que
aportaron parte de su indemnización para constituir la cooperativa siguen sin
recibir ningún beneficio económico de las ganancias de los proyectos de la
Generadora Fénix y Cooperativa LyF. Así las cosas, lo que la dirección del SME
llama “victoria” es la pérdida de más del 90% de los miembros activos de este
sindicato centenario.
No
obstante, los inconformes dicen que, según documentos certificados por el
Instituto Nacional de Acceso a la Información, los miembros Comité Central,
familiares y amigos se liquidaron con millones de pesos por lo que para ellos
después de esto la dirección del SME no tiene la legitimidad para negociar en
nombre de miles de desempleados.
Además, en
una actitud antidemocrática, el 22 de septiembre de 2015 la cúpula del SME
reformo los estatutos del SME, confeccionando un traje a la medida para que se
perpetúe la dirección, sin incluir ningún instrumento efectivo de participación
acorde a la nueva realidad del SME. Esta reforma estatutaria no expresa el
consenso de los agremiados y es ilegítima, según los electricistas críticos,
puesto que en la asamblea donde se acordó sólo votó aproximadamente el 1 por
ciento de los smeitas en resistencia, es decir 1 600 (capacidad de aforo del
auditorio).
Por si
fuera poco, argumentan que en la única asamblea general de la Cooperativa que
ha habido durante casi dos años se tomó el acuerdo por miles de electricistas
de conformar una “Estructura administrativa” temporal por cuatro meses y que al
cabo de ese tiempo se llevaría a cabo una nueva asamblea general para evaluar y
nombrar a la estructura administrativa permanente, este acuerdo se ha
desconocido por la administración de la cooperativa violando la mayoría de los
artículos de la Ley General de Cooperativas.
Para los
trabajadores despedidos esto constituye el fin de la democracia interna del
SME, sin contar el cambio ilegal de los estatutos para permanecer más del doble
de tiempo estipulado en los cargos de dirección, de dos a cinco años. Y lo más
preocupante es la campaña de intimidación, criminalización, terrorismo sindical
y violencia física contra las voces críticas a la dirección. Esto se evidencia
en los juicios sumarios y expulsiones masivas como modo de amenaza para todos
los cooperativistas sin empleo.
Por lo
anterior cabe cuestionarnos si estamos ante un nuevo charrismo sindical o
frente a los viejos abusos de los prepotentes caciques gremiales.
Con información de Marcelo Cerón
Publicar un comentario