Ejidatarios
del Núcleo Agrario Las Salinas denunciaron que a punta de pistola y a balazos
fueron echados del Rancho El Cristo o Embajomuy con una superficie de 90
hectáreas, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso en el estado de
México, por la vocal Ejecutiva del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), Dora Elena Real
Salinas.
Quien junto
con sus padres se resiste hacer entrega del bien inmueble con el casco de la
finca y demás elementos al grupo del Ejido Las Salinas. Pese a que existe una
orden de desalojo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmo la
sentencia del TOCA-541 desde el 2013.
Lidia
Segovia, representante legal de los ejidatarios, indicó que el pasado 8 de agosto
de este año, el Juzgado Civil de Ixtlahuaca notificó a José Guadalupe Real
Pedraza, padre de Dora Elena, que tenía ocho días para desalojar la propiedad.
Por lo que
no comprende la actitud de la funcionaria, quien con un grupo de personas
armadas llegó al predio intimidándolos y exigiéndoles que se fueran, ya que de
lo contrario traería a personas del poblado de Choteje para golpearlos.
Dora Elena
Real, quien fuera diputada local por Partido Revolucionario Institucional en la
LVIII legislatura del Estado de México en el periodo de 2012 al 2015 informó a
los ejidatarios que no hará entrega de la propiedad hasta que no llegue el
Ministerio Público con una orden de desalojo.
El Rancho
El Cristo o Embajomuy fue adquirido por el grupo ejidal Las Salinas el 28 de
marzo de 1960, derivado de la expropiación de sus tierras por el gobierno del
Distrito Federal, hoy Ciudad de México, el 1 de agosto de 1945.
Con el pago
de esa expropiación, ya que la ley no les permitía dividirse el dinero, los
ejidatarios compraron el predio de 90 hectáreas en la zona Mazahua en el
municipio de San Felipe del Progreso, el cual años más tarde les fue arrebatado
por José Guadalupe Real Pedraza, quien a lo
largo de dos décadas ha ofrecido en venta a compradores de buena fe
parte del terreno.
Situación
que les ha permitido ganar tiempo a través de juicios y amparos para seguir
habitando la propiedad.
La
representante legal explicó que desde 1993, el Tribunal Unitario Agrario
reconoció que el predio era propiedad del Ejido de las Salinas y se declaró
incompetente, por lo que se inició el juicio civil en Ixtlahuaca, pero qué
gracias a las relaciones políticas de la vocal del CEDIPIEM, que dice proteger
los derechos de los pueblos indígenas, el juzgado, una y otra vez concede amparos
a los familiares de la funcionaria, a fin de suspender la orden de desalojo.
Por su
parte, Marina Morena Vega, presidenta del Comisariado Ejidal de las Salinas,
acreditada ante el Registro Agrario Nacional en marzo de este año con el folio
2672, destacó que el conflicto que enfrentan con Real Pedraza y ahora su hija
Dora Elena ya se tornó político, pues ya han agotado todas las instancias
legales, sin que ninguna autoridad, incluyendo el Ministerio Público, quiera
entrar al Rancho con la fuerza pública.
Los
ejidatarios del Núcleo Agrario las Salinas denunciaron que el pasado jueves,
tras ser desalojados con lujo de violencia del predio por la funcionaria,
cuatro personas a su servicio fueron detenidas por elementos de la policía
estatal y del ejército, quien al escuchar las denotaciones se aproximaron al
lugar.
Se trata de
José Manuel Malo Sánchez, Pablo García Sánchez, Ceferino Contreras y César
Acevedo Ramírez, quienes al momento de su captura, luego de que intentaron
huir, se les encontró en el vehículo donde viajaban un arma de fuego calibre
22.
Sin
embargo, al llegar al Centro de Justicia de Ixtlahuaca fueron puestos en
libertad. “El M.P nos indicó que los abogados de los detenidos llevaban
preferencia y curiosamente son los mismos defensores legales de Real Pedraza. A
los ejidatarios nunca se les tomó la declaración”, informó Segovia.
Por lo que
los ejidatarios hacen un llamado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a
fin de que se investigue los niveles de corrupción y tráfico de influencia de
esta familia que no puede acreditar la propiedad del predio pero que haciendo
uso de sus relaciones políticas se burlan de las instituciones y de los
verdaderos propietarios del Rancho El Cristo o Embajomuy y hasta de los pueblos
indígenas.
Pues como
funcionaria les demuestra un rostro pero al cerrar la puerta se descubre su
verdadera identidad.
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