Al escribir
estas líneas trato de ordenar mis ideas y recordarme a mí misma lo importante
que es analizar un tema tan sensible y arraigado a nuestras cotidianidades como
lo es la violencia familiar, apegándome lo más posible a la realidad de quienes
la padecen. Dar rostro a un problema cuyas principales víctimas son las niñas y
mujeres (como se presentará más adelante), es complejo. Quienes nos dedicamos
al análisis de datos desde una perspectiva de género, sabemos que los grupos en
situación de vulnerabilidad tienden a encontrarse en el margen de los datos, en
las periferias de la información, en aquellas bases de datos con variables
insuficientes o procesos de sistematización no institucionalizados que
precarizan la calidad e interpretación de los mismos.
La
violencia familiar, o violencia doméstica como se identifica en otras regiones
del mundo, es un problema de salud pública por su alta prevalencia, efectos
nocivos e incluso fatales.[1]
Ante las
medidas de confinamiento por COVID-19[2] y
el aumento en la tasa de desempleo, diversos países advirtieron un posible
aumento de la violencia familiar e implementaron medidas de prevención y
atención.
En México,
la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman
Zylbermann, emitió un mensaje el pasado 26 de marzo[3]
durante la conferencia de prensa relativa al informe diario sobre coronavirus
COVID-19, en el que explicaba la importancia de distribuir equitativamente las
labores del hogar y los cuidados, así como crear espacios de armonía y comunicación
entre los integrantes de la familia, con la finalidad de reducir la violencia
contra las mujeres.
Sin
embargo, en semanas recientes ha surgido un amplio debate en torno al tema, se
cuestiona si la incidencia de dicho fenómeno aumentó a partir de la Jornada de
Sana Distancia, o por el contrario, las familias mexicanas han sabido vivir en
armonía durante estos días de confinamiento en casa.
Al
respecto, la presente colaboración busca abonar a esta discusión pública,
primero, desde el entendimiento de la violencia familiar como un problema de
salud pública que ha aquejado mayoritariamente a las niñas y mujeres antes del
COVID-19, y segundo, desde las limitaciones que surgen para su medición en
tiempos de crisis que invisibilizan la realidad de quienes sufren por esta
causa.
Ilustración:
Kathia Recio
El rostro de la violencia familiar en México, antes
del COVID-19
Cuando
hablamos de darle rostro a la violencia familiar, nos referimos a la
visibilización de las víctimas a través de las cifras. Significa situarnos en
el análisis de datos de un problema para dar espacio a quienes de manera
sistemática sufren por este tipo de violencia.
Entonces,
¿Con qué datos contamos para dar rostro a la violencia familiar?
Si bien en
el debate público de los últimos días se han priorizado como fuente de
información los registros de carpetas de investigación iniciadas y llamadas de
emergencia al 9-1-1, publicados de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y que más adelante abordaré
para el análisis, en esta primera parte quiero avocarme a los datos emitidos
por la Dirección General de Información en Salud (DGIS).
La razón
por la cual he decidido no hacer uso de los registros del SESNSP por ahora,
radica en la poca información que aporta respecto al perfil de las víctimas de
este tipo de violencia. Y si bien el SESNSP cuenta con una base de datos
abierta con Cifras de Víctimas del Fuero Común[4] en
la cual se desagrega por sexo-biológico y rango de edad de la víctima, esta no
incluye el tipo de delito por violencia familiar.
Por su
parte, los registros por lesiones a causa de violencia familiar que publica
anualmente DGIS, sí permiten identificar el sexo-biológico de las personas que
recibieron atención en las unidades médicas, así como el de sus agresores.
Estas cifras difieren de las carpetas de investigación iniciadas del SESNSP
porque la atención de pacientes por lesión a causa de este tipo de violencia no
necesariamente termina en una denuncia ante el Ministerio Público (MP).[5]
De acuerdo
con DGIS, en 2019[6]
se registraron 116 751 casos de pacientes con lesiones a causa de violencia
familiar en México, de los cuales 108 101 (92.59 %) ocurrieron en vivienda.
Esto quiere decir que, por cada caso de violencia familiar ocurrido fuera de la
vivienda, hubo 12.50 que ocurrieron en vivienda.[7]
De estos
últimos, 103 462 correspondieron a pacientes mujeres (95.71 %), 4 629 hombres
(4.28 %) y en 10 casos no se especificó el sexo del paciente. Significa que, considerando
sólo los casos en los que sí se especificó el sexo, por cada hombre atendido
por una lesión a causa de violencia familiar en vivienda, 22.35 mujeres
recibieron atención médica por la misma razón.[8]
Respecto al
sexo de quien cometió la agresión, del total de mujeres (103 462) que
recibieron atención médica se identificó como agresor a un hombre en 87 678
(84.74 %) de los casos, en 9 477 (9.16 %) no se estableció el sexo del agresor,
y en 6 307 (6.10 %) se identificó a una mujer como agresora.
Por el
contrario, del total de hombres (4 629) que recibieron atención médica, se
identificó como su agresor a otro hombre en 2 649 (57.33 %) de los casos, a una
mujer en 967 (20.89 %), y no se estableció el sexo del agresor en 1 013
(21.88 %) de los casos.
Quiere
decir que, por cada hombre que ingresó a una unidad médica en nuestro país a
causa de una lesión infligida en su vivienda por una mujer de su familia, hubo
91 mujeres que ingresaron con una lesión infligida en su hogar por un hombre de
su familia.[9]
Con base en
lo anterior podríamos establecer que, si bien la Norma Oficial Mexicana
NOM-046-SSA2-2005 define violencia familiar como “el acto u omisión, único o
repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros
integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco
consanguíneo, de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras
relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurra”, en
México, la violencia familiar tiene el rostro de una mujer agredida,
principalmente, en su vivienda por un hombre integrante de su familia.[10]
Lo
anterior, pone de manifiesto que no todas las familias mexicanas viven en
armonía, y que la preocupación señalada por diversos sectores de la sociedad
civil respecto a la seguridad de niñas y mujeres ante las medidas de
confinamiento por COVID-19, es legítima.
Violencia familiar, durante el COVID-19
Respecto al
cuestionamiento de que no ha aumentado la violencia familiar como se esperaba
en este periodo, quiero precisar algunos puntos que considero importantes.
Primero, no debemos confundir la incidencia de un fenómeno con los registros
que buscan recabar diversos aspectos de este como es la denuncia ciudadana a
través de las carpetas de investigación iniciadas y llamadas de emergencia al
9-1-1.
Es decir,
una disminución en los registros puede deberse a las limitantes intrínsecas de
la recopilación de estos bajo ciertas circunstancias, pero ello no significa
que el fenómeno per se haya disminuido.
Por
ejemplo, en su libro Everybody Lies (Todo el mundo miente) ,[11]
Seth Stephens-Davidowitz reflexiona sobre la preocupación que existía respecto
al impacto que tendría la Gran Recesión de 2007. En ese entonces, se
pronosticaba un aumento en la incidencia del maltrato infantil debido al estrés
y depresión que experimentarían madres y padres recién desempleados.
Sin
embargo, cuando se publicaron los primeros datos oficiales, parecía que la
preocupación era infundada. Contrario a lo que se temía, las agencias de
servicio de protección a menores reportaron una baja en el número de casos
atendidos. Incluso en 2011, Richard Gelles, experto en cuidado infantil de la
Universidad de Pennsylvania, declaró “Las predicciones de pesimismo no se han
hecho realidad”.
No
obstante, Stephens-Davidowitz señala haber tenido problemas para creer esto,
así que decidió analizar datos de Google Trends y defunciones de menores de
edad. Lo que encontró fue devastador, las búsquedas en Google de “mi papá me
pegó” y “mi mamá me pegó” se dispararon durante la Gran Recesión. Además, en
análisis posteriores pudo observarse un aumento en las muertes de menores de
edad en los estados más afectados por la Gran Recesión.
De acuerdo
con Stephens-Davidowitz, la disminución en los registros de denuncia pudo
deberse a la reducción de personal autorizado para realizar una denuncia como
los profesores, policías, personal de salud, y trabajadores sociales.
En el caso
de México, y ante la preocupación legítima por un posible aumento de violencia
familiar en vivienda debido a las medidas de confinamiento, diversas instancias
voltearon a ver los datos del SESNSP esperando encontrar respuestas en sus
registros de presuntos delitos por violencia familiar (carpetas de
investigación iniciadas) y llamadas de emergencia relacionadas con violencia
familiar. Sin embargo, las cifras disminuyeron durante el mes de abril, no sólo
respecto al mes anterior sino también en comparación con el mismo periodo en
años previos.[12]
Pero
debemos analizar el tema con cautela y recordar que, como mencioné al principio
de esta colaboración, los grupos en situación de vulnerabilidad tienden a
encontrarse en el margen de los datos, en las periferias de la información. Por
lo tanto, asumir que las víctimas de violencia familiar se encuentran en
posibilidad de ir a denunciar y que su denuncia procederá en la apertura de una
carpeta de investigación, es sesgado.
De hecho,
si consideramos la reducción en la operación de los Poderes de Justicia del
país,[13] la
dinámica de control que habitualmente ejerce el agresor sobre la víctima pero
que ahora se ve validada ante la situación actual de confinamiento, así como
las cifras de denuncia en años anteriores, entonces la disminución en los
registros de denuncia representa un signo de alarma que puede ayudarnos a
identificar zonas con mayor riesgo, es decir, lugares en los que estos registros
disminuyeron drásticamente.
Otro
indicador a considerar es el homicidio doloso de niñas y mujeres. Al respecto,
tanto DGIS como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
reportan información relativa a las defunciones y su causa. Sin embargo, la
periodicidad de su publicación es anual y no nos permite tener un panorama de
lo que sucede ahora.
Por otro
lado, tenemos los datos de víctimas de homicidio doloso que publica de manera
mensual el SESNSP que, aun cuando no incorpora variables suficientes respecto
al agresor, lugar de ocurrencia y algunos otros aspectos sobre las
circunstancias del delito; sí nos brinda una idea más clara sobre la
problemática.
De acuerdo
con el SESNSP, en abril se registraron 267 asesinatos de mujeres en el país, lo
cual representa una tasa de 0.409 presuntas víctimas por cada 100 000 mujeres,
esta es la tasa más alta de homicidios dolosos de mujeres en los últimos años.
Si bien la
base de datos del SESNSP no incluye las circunstancias que dieron origen a
estos homicidios y por ende no nos permite conocer si son atribuibles a
violencia familiar, es importante dar seguimiento a este indicador y voltear la
mirada a otros registros, como los nacimientos en niñas y adolescentes en los
próximos meses, solicitudes de ingreso a refugios, atención medica por lesión a
causa de violencia familiar, acompañamientos para la terminación del embarazo,
entre otros.
La
violencia familiar ha sido un problema de salud pública desde antes del
COVID-19, las niñas y mujeres son las principales víctimas. Es un problema que
se escapa de los registros de denuncia en tiempos de crisis, pero no significa
que no sea real.
Nota: Todos los creditos a MarcelaGuerra Osorno
Especialista
en estadística, políticas públicas y género.
El texto fue publicado tal cual está en el siguiente enlace ya que el contenido ha sido bloqueado en distintas redes sociales.
[9] Cociente
calculado con “mujeres que recibieron atención médica por lesión a causa de
violencia familiar en vivienda cuyo agresor fue un hombre” como numerador
(87 678) y “hombres que recibieron atención médica por lesión a causa de
violencia familiar cuya agresora fue una mujer” como denominador (967).
[10] Esta
información resulta útil por diversos aspectos, pero uno que quiero resaltar en
esta ocasión, es el tema de las campañas de difusión, como la presentada el
pasado 26 de mayo “CuentaHasta10” por la Secretaría de Gobernación. El análisis
de datos permite conocer el problema y retratarlo en medios de comunicación lo
más apegado a la realidad.
[12] Estas
cifras varían entre municipios y entidades. Como señala la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en su reporte sobre violencia doméstica en tiempos de
COVID-19, algunos países registraron menos llamadas de emergencia debido a la
imposibilidad de
la víctima de llamar.
[4] La
base de datos Cifras de Víctimas del Fuero Común es diferente a la base de
datos Cifras de Incidencia Delictiva. La primera incluye variables como sexo y
rango de edad, mientras que la segunda, al ser de carpetas de investigación
iniciadas y contener una o más víctimas, no incluye información respecto al
sexo y rango de edad.
[5] Aunque,
por NOM-046, las instituciones del sector público, social y privado que
otorguen atención médica a las usuarias y usuarios involucrados en situación de
violencia familiar o sexual, deberán dar aviso al MP.
[6] La
base de datos abierta más reciente corresponde al 2018, las cifras con las que
se realizó el análisis son preliminares de 2019 y se obtuvieron a través de
tablas de los cubos dinámicos.
[7] Cociente
calculado con los casos ocurridos en vivienda como numerador (108 101) y los
casos identificados en un lugar distinto a la vivienda como denominador
(8 650).
[8] Cociente
calculado con las mujeres que recibieron atención médica por lesión a causa de
violencia familiar en vivienda como numerador (103 462) y los hombres que
recibieron atención médica por lesión a causa de violencia familiar como
denominador (4 629).
[1] NOM-046-SSA2-2005.
Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. criterios para la prevención y
atención.
[2] En
México, las medidas de confinamiento iniciaron a partir del 23 de marzo de 2020
con la Jornada de Sana Distancia anunciada por el Gobierno de México el 14 de
marzo de 2020.
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