Washington
D.C. / Ciudad de Panamá – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina
Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenan enérgicamente
los reiterados actos de persecución realizados por parte de las autoridades
nicaragüenses en contra de medios de comunicación, periodistas, trabajadoras y
trabajadores de la prensa registrados en el contexto de las elecciones presidenciales
de Noviembre 2021.
En los
últimos dos meses y ante la intensificación de la represión en el país, la CIDH
y la OACNUDH han documentado que por lo menos 12 periodistas de prensa escrita,
medios radiales, televisivos y digitales de distintas regiones del país, se han
visto obligadas y obligados a salir al exilio por temor a represalias en su
contra.
Desde el 20
de mayo, las autoridades iniciaron investigaciones administrativas y penales en
contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una de las principales
organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la
cual había cesado de operar en febrero 2021 debido a los requisitos impuestos
por la Ley de Agentes Extranjeros, al igual que hizo la filial en Nicaragua de
la organización de escritores y escritoras PEN International. Esta ley aprobada
en 2020 considera "agentes extranjeros" a las ONG´s que obtengan
fondos de la cooperación internacional, les prohíbe trabajar en "temas de
política interna y externa" del país sin definirlos de manera precisa, y
establece controles arbitrarios y excesivos que obstaculizan la labor legítima
de la sociedad civil de Nicaragua. Esta legislación fue cuestionada mediante
carta enviada por relatores de Naciones Unidas y la CIDH por presentar
problemas graves y fundamentales de compatibilidad con las obligaciones de
Nicaragua en virtud del derecho internacional.
Ese mismo
20 de mayo, fue también allanada la sede de la revista digital Confidencial y
del programa televisivo Esta Semana, dirigidos por Carlos Fernando Chamorro,
quien un mes después se vio forzado a volver al exilio, de donde había
regresado a finales de noviembre de 2019.
Por otra
parte, en el marco de la investigación penal contra de la Fundación Violeta
Barrios de Chamorro por supuesto lavado de dinero relacionado con la
utilización de fondos de la cooperación internacional en aplicación de la Ley
Nº 977 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el
Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, entre el 28
de mayo y el 15 de junio, fueron detenidos la ex directora y precandidata
presidencial, Cristiana Chamorro Barrios, su conductor, Pedro Vásquez
Cortedano, y dos ex trabajadores de la Fundación, Walter Gómez Silva y Marcos
Fletes Casco. Todos ellos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la
CIDH.
Asimismo,
el Ministerio Público ha citado a declarar a más de 25 periodistas,
trabajadoras y trabajadores de medios (TBC) que colaboraron o participaron en
actividades de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. En varias de estas
entrevistas se habría amenazado a las personas convocadas con imputaciones
penales y con la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos, en caso de que
se negaran a "colaborar" o exigieran la presencia de un abogado
defensor, además de haber sido objeto de actos de intimidación en las inmediaciones
del Ministerio Público.
El 20 y el
21 de junio, respectivamente, fueron detenidos dos periodistas, Miguel Mora y
Miguel Mendoza. El primero, además, era precandidato presidencial, propietario
y antiguo director del canal de televisión 100% Noticias. El cronista deportivo
Miguel Mendoza habría sido detenido debido a sus comentarios críticos en redes
sociales. Ambos continúan en prisión en un régimen de incomunicación total,
bajo alegaciones genéricas basadas en la Ley 1055 de Defensa de los Derechos
del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz,
con base en un procedimiento sin las debidas garantías procesales.
Finalmente,
el 13 de agosto, la Policía Nacional y el Ministerio Público allanaron las
instalaciones del diario La Prensa, incautaron bienes materiales y detuvieron
al día siguiente a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, en el
marco de una investigación por presuntos delitos de defraudación aduanera,
lavado de dinero, bienes y activos. También se recibieron reportes sobre la
incomunicación de los trabajadores durante el allanamiento y la suspensión
temporal del servidor interno de La Prensa, que habría impedido la publicación
en su página web. El día 12, ese mismo diario había denunciado que la retención
de papel de imprenta por parte de la autoridad aduanera desde hace más de 20
días, lo habría obligado a detener la publicación de su edición impresa y
continuar únicamente su edición digital.
Estas
reiteradas conductas constituyen graves ataques y restricciones indebidas en
contra del derecho a la libertad de expresión, que en algunos casos constituyen
actos de censura. Todo ello afecta no solamente a los derechos de periodistas y
propietarios de medios de información, sino también al derecho de toda la
ciudadanía a tener acceso a una información plural.
Tal como
afirmó el Comité de Derechos Humanos, "la libre comunicación de
información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas […] es
indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los derechos [de
participación política]. Ello comporta la existencia de una prensa y otros
medios de comunicación libres capaces de comentar cuestiones públicas sin
censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública." 1
LaDeclaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH considera este
derecho como "un requisito indispensable para la existencia misma de una
sociedad democrática" plantea que "Las restricciones en la
circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición
arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo
informativo, violan el derecho a la libertad de expresión" y advierte que
las "Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa
de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de
expresión".
El
hostigamiento, la censura, la estigmatización y persecución oficial a la
prensa, las detenciones y los procesos legales arbitrarios contra medios,
periodistas y organizaciones que defienden la libertad de prensa son
incompatibles con la protección de la libertad de expresión y generan un clima
generalizado de miedo y autocensura. En el marco de un proceso electoral
resultan además especialmente graves, e incompatibles con la democracia y con
las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.
La CIDH, su
RELE y OACNUDH exhortan al Gobierno a que cese toda conducta que afecte los
derechos de periodistas y medios de información, a que libere de inmediato a
todas las personas detenidas arbitrariamente y a que restablezca el goce pleno
de todos los derechos civiles y políticos, en particular todas las garantías
para que los medios de comunicación continúen informando libres de
interferencias indebidas. De igual forma invitan a la comunidad internacional a
sumar esfuerzos que contribuyan positiva y efectivamente a la garantía de los
derechos humanos en Nicaragua.
La Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU
Derechos Humanos) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito
de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó al Alto Comisionado y a
su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas
las personas. ONU Derechos Humanos proporciona asistencia, a solicitud de los
Estados, en forma para la formación de capacidades técnicas para apoyar la
aplicación de las normas internacionales de derechos humanos con el fin de
garantizar el goce efectivo y protección de los derechos humanos. ONU Derechos
Humanos apoya a los gobiernos, quienes tienen la responsabilidad de proteger
los derechos humanos, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y
apoya a las personas en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de
manera objetiva las violaciones de derechos humanos.
La CIDH es
un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como
órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete
miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la
defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del
sistema democrático.
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