Washington
D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el conjunto
sistemático de acciones estatales realizadas en los últimos meses que han
tenido como finalidad impedir la participación de la oposición en las
elecciones generales a realizarse en Nicaragua en noviembre de este año, así
como la persistencia de violaciones a los derechos humanos en este contexto. La
CIDH urge a cesar la represión contra personas opositoras al gobierno, y a
tomar las medidas para garantizar las condiciones necesarias para la
realización de elecciones libres, justas y transparentes en el país.
Entre las
acciones estatales realizadas en los últimos meses que tienen como finalidad
impedir la participación de la oposición, la CIDH, a través de su Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) destaca: la detención y
criminalización de líderes y lideresas, incluyendo personas pre candidatas
presidenciales mediante la aprobación y utilización de leyes penales con
contenido ambiguo y/o que restringen arbitrariamente los derechos políticos de
la población nicaragüense; y, en general, la profundización de un estado
policial que mantiene suspendidos los derechos y las libertades públicas.
La CIDH
condenó la detención arbitraria de 31 personas ocurrida en los últimos 2 meses,
entre las que se encuentran Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan
Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, quienes
fueron detenidas y están privadas de libertad, una vez que anunciaron
públicamente su intención de candidatearse a la presidencia, con lo cual fueron
impedidas de continuar y formalizar su participación en el proceso electoral.
En este
contexto de cierre de las vías de participación de la oposición en las
elecciones, el 2 de agosto de 2021, fecha de cierre del plazo para la
presentación y registro de personas candidatas a la presidencia y
vicepresidencia de la República de Nicaragua, el actual titular del ejecutivo
anunció junto con la vicepresidenta la formalización de su candidatura para un
cuarto periodo consecutivo al frente del Poder Ejecutivo
Además, el
3 de agosto, la CIDH condenó la detención domiciliaria, restricción migratoria
e inhibición para postularse a cargos públicos de Berenice Quezada, candidata
opositora a la vicepresidencia por la Alianza Ciudadanos Por la Libertad, hecho
ocurrido al día siguiente de haber anunciado su candidatura. El 5 de agosto, el
Ministerio Público informó que la acusación presentada en contra de Berenice
Quezada se basa en presuntos hechos que encuadran en el tipo penal de
"provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas".
Asimismo, indicó que el proceso se llevaría a cabo estando ella en libertad.
La CIDH
también ha expresado su preocupación por la cancelación arbitraria de la
personería jurídica de dos partidos de oposición, entre ellos, el Partido
Restauración Democrática (PRD), el cual estaba colaborando con la Coalición
Nacional para la selección de una candidata opositora.
Adicionalmente,
el 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral determinó la cancelación de la
personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad, lo que eliminaría
la candidatura del único aspirante de la oposición que había logrado
registrarse formalmente para la próxima elección presidencial. En su decisión,
el CSE también solicitó la cancelación de la cédula de identidad nicaragüense
de la presidenta del partido, Kitty Monterrey. El 8 de agosto, el Ministerio de
Gobernación confirmó la cancelación de la nacionalidad nicaragüense, así como
de la cédula de identidad, el certificado de nacimiento y la anulación de
pasaporte de la presidenta del partido, quien ostenta otra nacionalidad y, a la
fecha, permanecería oculta ante el temor de ser detenida y/o deportada.
Al
respecto, la CIDH condena enérgicamente la resolución del CSE, misma que habría
sido adoptada en contravención con la Constitución nicaragüense y con
fundamento en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa
de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación
para la Paz. Como ha sido señalado por la CIDH, dichas normas restringen
arbitrariamente la competencia electoral, el ejercicio de los derechos
políticos, y otros derechos como la libertad de expresión y asociación.
La CIDH ha
destacado que la persecución penal en contra de personas opositoras y
precandidatas a la presidencia presentan varios elementos que violan el derecho
a la libertad personal, el principio de legalidad, la presunción de inocencia,
el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, y otras garantías del debido
proceso. En virtud de ello, tanto la CIDH como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) han ordenado al Estado nicaragüense la adopción de
medidas cautelares y provisionales para la protección de la vida e integridad
de algunas de las personas detenidas. A la fecha, el Estado no ha cumplido con
las medidas ordenadas, ni con la liberación de las personas detenidas.
Estos
hechos confirman el quebrantamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, con
base en la concentración del poder en el Ejecutivo y con el progresivo
debilitamiento de las instituciones democráticas en el país, hechos que la
Comisión ha venido señalando y condenando de forma sostenida en los últimos
años, así como la situación de impunidad estructural de las graves violaciones
a los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018.
La Comisión
reitera su llamado al Estado a liberar a todas las personas detenidas
arbitrariamente en el contexto de las protestas o con ocasión de las mismas.
Asimismo insta al Estado a cumplir con las medidas provisionales otorgadas por
la Corte IDH, así como dejar sin efecto toda normativa que limite
arbitrariamente el ejercicio de los derechos políticos y las libertades
públicas, y habilitar la inscripción de las candidaturas correspondientes;
además, restablecer un ambiente de libertades y respeto a los derechos
políticos. Ello, con el fin de asegurar la realización de elecciones libres,
justas y transparentes, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la
comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA
(MOE/OEA) en 2017, y las resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea
General de la Organización de los Estado Americanos. Finalmente, la CIDH urge a
Nicaragua a poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para
la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad
democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la
justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el
país.
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