Washington,
D.C. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas
Migrantes condenan el uso excesivo de la fuerza contra personas migrantes de
Haití en Del Río, Texas, así como las remociones y expulsiones realizadas desde
la frontera sur de los Estados Unidos, a México y directamente a Haití. Al
respecto, urgen a los Estados Unidos a investigar dicha situación con debida
diligencia, sancionar a todas las personas identificadas como responsables, y
garantizar la no repetición de este tipo de hechos.
De acuerdo
con la información disponible, desde el 17 de septiembre se habría formado un
campamento de personas migrantes cerca de la ciudad fronteriza de Del Río,
Texas, que en los siguientes días habría reunido a más de 14 mil personas, de
las cuales la gran mayoría serían de origen haitiano. Con base en dicha
información, incluyendo videos publicados en diferentes medios, preocupa a
ambos organismos el despliegue de la fuerza por parte de agentes fronterizos a
caballo contra personas que se encontraban en dicho campamento, el 19 de
septiembre. En particular, se observan golpes con riendas de caballo y otras
agresiones, sin que las personas —inclusive mujeres, niñas, niños y
adolescentes— tuvieran la posibilidad de defenderse. Asimismo, preocupa la
implementación de medidas de devolución masiva en vuelos a Haití.
En el mismo
orden, el 25 de septiembre el campamento informal en Del Río habría sido
desmantelado, y, en consecuencia, miles de personas migrantes habrían sido
removidas o deportadas, o, en su caso, transportadas a otras zonas, como El
Paso, Laredo y en el Valle del Río Grande, a lo largo de la frontera de Texas.
Al respecto, organizaciones de la sociedad civil reportan la ausencia de
criterios y de información estadística detallada sobre dichos procedimientos.
En este
contexto, el Presidente de los EEUU condenó los actos violentos cometidos por
agentes migratorios a caballo, y posteriormente, la portavoz de la Casa Blanca
confirmó que la utilización de personal a caballo para acciones migratorias en
la frontera en Del Río se habría suspendido y se encontraría bajo
investigación.
I'm heartbroken by the treatment of Haitian migrants at our border — and I acknowledge it is only the latest of many historic indignities that Haitians have faced. We will continue to offer assistance and investigate wrongdoing. I remain committed, as ever, to Haiti's future. pic.twitter.com/Cu1TlqF4EA
— President Biden (@POTUS) September 24, 2021
Al
respecto, los Principios interamericanos sobre los derechos humanos de todaslas personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata depersonas establecen que la seguridad en los puestos migratorios debe estar
siempre orientada a la protección de las personas migrantes y sus derechos. En
este contexto, la fuerza coercitiva únicamente deberá ser utilizada cuando
todos los demás medios de control se hayan agotado, de manera estrictamente
proporcional y necesaria. Por tanto, la CIDH y el Relator Especial de Naciones
Unidas enfatizan que los dispositivos de seguridad en la frontera no deben
obstaculizar el acceso a los procedimientos para la evaluación individualizada
de las necesidades de protección. De igual manera, resaltan que las medidas y
respuestas implementadas deben incorporar perspectiva de género y tratamientos
diferenciados, en atención a la edad, raza y otras condiciones.
Aunado a lo
anterior, se reitera las recomendaciones de las Observaciones Preliminares desu visita a la Frontera Sur de los EEUU, realizadas en 2019, atendiendo que el
Estado debe garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, adoptando las
medidas necesarias para facilitar el acceso a los procedimientos disponibles
para tal efecto; eliminar las barreras y las dilaciones injustificadas en el
curso de los procedimientos. De igual manera, debe adecuar la legislación
nacional a los estándares internacionales según los cuales migrar no es un
delito, en el entendido de que muchas de las personas que integran los
movimientos migratorios tienen necesidades de protección internacional y muchas
otras se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y requieren de protección
especial.
Adicionalmente,
en línea con el Informe sobre Debido proceso en los procedimientos para ladeterminación de la condición de persona refugiada y apátrida, y el otorgamientode protección complementaria, se destaca la importancia de que los Estados a
adapten y fortalezcan las estructuras e instituciones migratorias y de
protección, dotándolas de capacidades para procesar y decidir de manera
adecuada y con respeto al debido proceso, la situación de las personas que
integran los actuales movimientos migratorios mixtos en la región.
Al
respecto, la Comisión Interamericana y el Relator Especial de la ONU urgen a
Estados Unidos a asegurar las condiciones mínimas adecuadas de seguridad humana
y de respeto al debido proceso necesario para el procesamiento y reconocimiento
de necesidades de protección de todas las personas en situación de movilidad.
Asimismo, recuerdan el deber de investigar y sancionar a los responsables de actos
violentos y de prácticas de uso excesivo de la fuerza contra las personas en
contexto de movilidad humana.
Finalmente,
ambos organismos destacan que la Relatoría sobre los Derechos de las Personas
Migrantes de la CIDH y el Relator Especial de Naciones Unidas seguirán
monitoreando de cerca la situación de las personas en contexto de la movilidad
humana en la región.
La CIDH es
un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como
órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete
miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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