Se ha dado
la instalación y la primera sesión del Comité de Planeación de Desarrollo del
Estado de SLP, que realizará diversas consultas públicas en los 58 Municipios
para conformar el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027. De entre ellas
destaca la Consulta indígena que le fue demandada reiteradamente al Gobierno
anterior.
Hay que
recordar que con el amparo 447/2016 interpuesto por la comunidad Mazahua se
logró una sentencia histórica que beneficio al total de las comunidades
registradas en el padrón de comunidades, aunque a la hora de su cumplimiento se
quedó mucho a deber en la integración del PED. Por ejemplo; nunca sucedió que
se incrementara el presupuesto orientado a los pueblos originarios.
A partir de
este acto jurisdiccional se generó prácticamente una ruptura de diálogo
intercultural con diversas instituciones del Gobierno, y varios funcionarios de
la pasada administración pública, dedicaron más a entorpecer la labor con
pueblos originarios que a asumir las leyes que tutelan sus derechos humanos y colectivos.
No fue
extraño que las comunidades de ahí en adelante interpusieran amparos y juicios
de derechos políticos para que se garantizaran sus derechos en diversas
materias. Llovieron quejas y recomendaciones como parte de la estrategia de defensa
de sus derechos y ello sin duda alguna, ha contribuido a nutrir una cultura de
derechos que tanto nos hace falta como sociedad.
Los que
pugnaron por sus derechos fueron criminalizados, excluidos y discriminados del
quehacer institucional casi de manera absoluta, como si fuese pecado exigirle
al Estado que asumiera su responsabilidad con el derecho a la consulta que
también es derecho al desarrollo. Dichos actores jamás vencidos, siempre
ganaron en tribunales sus causas que ahora son parte de la aportación a la
construcción jurisprudencial en la materia indígena. Es a estos actores que
resistieron, a los que les debemos que el actual Gobierno del Estado sin miedo
de una importancia preponderante a la consulta pública y de manera enfática
destaque la consulta indígena, integrando el grupo técnico operativo para
concretar tal proceso consultivo. Todo ello en medio de la instalación y la
primera sesión del Comité de Planeación de Desarrollo del Estado de SLP. Dicho
acto se puede interpretar como un intento por retomar el camino del consenso y
de respeto a la ley, así como la evidente e imperiosa necesidad de legitimar la
política pública del estado hacia la sociedad en su conjunto y en particular
hacia los pueblos originarios presentes en el estado.
El arranque
es plausible, ojalá y no se repitan los actos de exclusión y discriminación al
planear y realizar la consulta indígena. La ley exige que la convocatoria
deberá darse a conocer a las asambleas de las comunidades, indígenas,
incluyendo a los de las ciudades, más aún las que figuran en el padrón de
comunidades. Que el grupo técnico operativo, debe ser designado por la
autoridad consultante, el cual se integrará preferentemente con profesionales
de diferentes disciplinas que estarán bajo su mando; el cual podrá́ contar con
el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia, para
asesorarse sobre la metodología e instrumental de consulta que considere
pertinentes. Sin embargo, un error que se comete sistemáticamente es que el
grupo técnico operativo lo integran solo con personas indígenas, que más
deberían ser intérpretes y traductores. No lo integran las personas que están
bajo el mando de la autoridad consultante, lo cual expone a los intérpretes y
traductores a asumir responsabilidades que no son propiamente de ellos, lo peor
es que se ha dado el caso que no les han llegado a pagar. Esta situación
tendría que ser debidamente analizada y atenderla de inmediato por la autoridad
responsable.
Son mínimo
417 comunidades registradas en el padrón de comunidades que hay que atender, es
común que para “abaratar” costos se restrinja la cobertura de atención de este
tipo de consulta. El intento fallido de consulta de la anterior legislatura
solo planteaba 60 encuentros comunitarios, que sólo representaban el 14% de la
cobertura que debería tener la consulta. El reto es grande, y no se trata de
gastar más o sobrecargar a las personas indígenas que integran el grupo técnico
operativo, sino que el gobierno estatal ponga trabajar al conjunto de personas
que laboran para él en las regiones, sin que ello signifique incrementar los
costos de estos esfuerzos por generar consenso social y legitimidad para
gobernar.
Por ello la
consulta indígena es como una prueba de fuego, pues no basta la voluntad política
para realizarla, la cual es muy importante; sino es apremiante hacer una
apropiada lectura e interpretación de la ley para evitar complicaciones, así
como incluir a todas las corrientes de pensamiento.
Independientemente
de lo que derive la consulta, es evidente que la población indígena es de lo
más vulnerable y que es urgente saldar la deuda histórica que se tiene con sus
pueblos y comunidades; por ello, de inmediato se debe poner énfasis en:
Preparar un buen presupuesto para dar una real inclusión presupuestaria a los pueblos y comunidades indígenas, que considere la transferencia directa de recursos a las comunidades y esté acorde a la política federal que ha impulsado el Presidente de la República.
Que, en
todo proyecto de gran calado, como lo es el denominado “Rivera Huasteca
Potosina” se considere como socios a las comunidades y no sólo a los
empresarios. En este caso, por ejemplo; los principales atractivos turísticos
que dinamizan tal sector, son propiedad de las comunidades indígenas y dichos
sitios merecen una inversión significativa para asegurar la rentabilidad del
proyecto. Ello implica robustecer proyectos ecoturísticos existentes de las
comunidades y emprender otros para asegurar que los atractivos sean capaces de
soportar cargas de turismo sin afectarse estructuralmente y se puedan redistribuir
mejor los ingresos.
Analizar,
impulsar y debatir una reforma política que pueda dar respuesta a los derechos
político electorales de las comunidades originarias en aquellos municipios que
son eminentemente indígenas, pues a la fecha se privilegia unilateralmente al
sistema de partidos políticos y los derechos individuales, y se dejan de lado
los derechos colectivos de los pueblos. En otras palabras, a nombre del derecho
de ciudadanía se desprecian el derecho a la ciudadanía étnica y refuerzan el
monopolio partidario de la representación política.
Finalmente,
la consulta es un llamado a participar y hay que hacerlo activa y
propositivamente, con responsabilidad. Hay que hacerlo sin miedo para dominar
el futuro.
Estoy totalmente de acuerdo con la reflexión; Y Muchas gracias por apoyar el esfuerzo indígena hacia el desarrollo, para que puedan manejar recursos Públicos, si se logra
ResponderEliminarser considerados Sujetos de Derecho Publico.