Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) condena las violaciones a los derechos humanos
denunciadas en el contexto del cierre de las elecciones generales en Nicaragua
realizadas el 7 de noviembre, e insta al Estado a cesar las detenciones
arbitrarias, asedios y hostigamiento en contra de personas y organizaciones de
oposición política al Gobierno y restablecer las garantías para el pleno goce
de derechos civiles y políticos de las personas nicaragüenses.
Entre
el 5 y 7 de noviembre, la CIDH recibió información sobre el incremento del
asedio policial, actos de hostigamiento, allanamientos, amenazas y detenciones
arbitrarias, en contra de líderes y lideresas de oposición, activistas de
derechos humanos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y
periodistas, en diferentes departamentos del país. Estos actos habrían sido
perpetrados en su mayoría por agentes policiales, parapoliciales y
simpatizantes del gobierno. Según la información recibida, por lo menos 23
personas habrían sido detenidas arbitrariamente en nueve departamentos, sin
orden de captura y sin brindar información a familiares, indicándoles que
debían esperar 48 horas para recibir información adicional. Además, integrantes
de los ex Consejos del Poder Ciudadano (CPC) habrían visitado viviendas,
llamando a votar por el partido de Gobierno, como forma de intimidación.
Asimismo,
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observa con
preocupación los múltiples reportes sobre restricciones a la libertad de prensa
en el contexto de la jornada electoral, tales como la prohibición de
acercamiento de personas reporteras a los colegios electorales; actos de
hostigamiento a medios de comunicación y periodistas; la detención temporal de
periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo; la
obligación de transmitir en cadena nacional un discurso presidencial en plena
jornada electoral; la transmisión en medios oficialistas de propaganda
electoral, violando las leyes internas en la materia; y la expulsión y
denegación del ingreso de la prensa internacional al país para cubrir los
comicios.
Con
posterioridad a las elecciones, la Comisión y su Relatoría Especial sobre
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) recibieron información
sobre funcionarias y funcionarios públicos que habrían sido obligados a ejercer
su voto a favor de Daniel Ortega, así como a enviar constancia de participación
en los comicios mediante fotografías o la muestra del dedo manchado con tinta
indeleble por la votación, bajo amenaza de despido. Se conoció también sobre la
detención de un líder estudiantil; así como represalias en contra de personas
que no habrían mostrado prueba de haber votado como el dedo manchado con tinta
indeleble. En particular, a las y los estudiantes de medicina se les habría
prohibido el ingreso a universidades públicas y privadas y a hospitales donde
realizan sus prácticas como forma de retaliación; lo mismo habría ocurrido con
el personal médico de hospitales públicos que en algunos casos, fueron
despedidos.
Por
otra parte, la CIDH expresa su preocupación respecto del discurso del
Presidente Daniel Ortega transmitido en cadena nacional el día 8 de noviembre,
en el que se refirió de forma ofensiva e intimidante a las más de 30 personas
privadas de la libertad en el contexto electoral, entre las que se encuentran,
líderes y lideresas de movimientos sociales, periodistas, personas defensoras y
precandidatas presidenciales, indicando que por sus acciones no deberían ser
considerados nicaragüenses, y enviadas a otro país. Este tipo de declaraciones
contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia contra las
personas identificadas como opositoras al gobierno, lo que, a su vez, podría
ser mayor riesgo para la vida e integridad, en especial, de aquellas que
permanecen bajo custodia estatal. Por lo que, autoridades del Estado deben
abstenerse de realizar declaraciones que tengan como objeto deslegitimar la
defensa de los derechos humanos.
La
Comisión urge al Estado de Nicaragua a liberar a todas las personas detenidas
arbitrariamente en contexto electoral y desde el inicio de la crisis, a cesar
los ataques en contra de opositoras y opositores, y toda acción que afecte los
derechos de periodistas y a los medios de información. Asimismo, el Estado debe
restablecer el goce pleno de todos los derechos civiles y políticos, así como
las garantías y libertades fundamentales. En igual sentido, la CIDH y la
REDESCA llaman a aplicar el principio de no discriminación e igualdad en la educación
y el trabajo, recordando que la opinión política no puede ser motivo de
exclusión en el acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como
órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete
miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a
título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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