- Propone María de los Ángeles Dávila que se coordine con el Poder Judicial y la Codhem para fortalecer las medidas de prevención y sanción de violencia.
- Plantea Miriam Escalona que la información generada por los sujetos obligados en la Ley de Transparencia se traduzca a lenguas originarias.
Toluca,
Estado de México.- El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local expuso
la necesidad de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIFEM) colabore con el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México para fortalecer las medidas de prevención, atención y sanción
de violencia cometida hacia niñas, niños y adolescentes, debido a que ha crecido
durante la emergencia sanitaria.
De acuerdo
con la diputada María de los Ángeles Dávila Vargas, el confinamiento por la
pandemia de covid-19, el aumento de los niveles de estrés, la inseguridad
económica, alimentaria y el desempleo han provocado un incremento récord de 24%
en las carpetas de investigación por violencia familiar, que suman en el primer
semestre de 2021, 129 mil 20.
Además, la
pandemia ha dejado en el país 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en
situación de orfandad y toda vez que muchos de estos menores perdieron a sus
cuidadores secundarios, como sus abuelos o parientes mayores, la cifra de
menores huérfanos en el país se eleva a 141 mil 132.
Esta
situación, indicó, justifica el trabajo colaborativo de las citadas instancias
para fortalecer las medidas de prevención y sanción de violencia cometida hacia
niñas, niños y adolescentes.
La
propuesta se remitió a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y
especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera
Infancia.
Los sujetos
obligados garantizarán, en todo momento, que la información generada tenga un
lenguaje sencillo para cualquier persona y en caso de que se solicite, realizar
la traducción a lenguas indígenas, principalmente de aquellas residentes en el
Estado de México, propuso la diputada Miriam Escalona Piña, en nombre del grupo
parlamentario del PAN.
La
iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios busca precisar que las autoridades
obligadas deberán asumir la responsabilidad de traducir la información
requerida por personas pertenecientes a las comunidades indígenas, a fin de
evitar vacíos legales e interpretaciones ambiguas.
Se remitió
a estudio a las comisiones de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción y de Asuntos
Indígenas.
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