TOLUCA,
México, 19 de Agosto del 2017.- El colectivo En Toluca Sí Podemos, bajo el
auspicio del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desarrolló la
primera etapa de una serie de foros denominados Análisis y Propuestas, con el
objetivo de integrar su plataforma política para las elecciones del año 2018.
En
el primer foro se analizaron dos temas: Seguridad Pública y Violencia en
Toluca, y Presupuesto Participativo, con la asistencia de personajes del ámbito
académico, como Fermín Carreño, académico de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
En
el ágora de la plaza González Arratia, en el centro de Toluca, Félix Santana
Ángeles, militante del partido Morena y promotor de la plataforma En Toluca Sí
Podemos, explicó que se ha planteado realizar estos foros en las 47
delegaciones del municipio, donde los ciudadanos podrán participar, opinar y
aportar a la plataforma que Morena defenderá en las próximas elecciones
concurrentes que se vivirán en esta entidad.
Sobre
la seguridad pública en el municipio de Toluca, y en general en el Estado de
México, Santana Ángeles planteó que es necesario utilizar los recursos del
gobierno federal para el reclutamiento, entrenamiento y salario de nuevos y
mejores policías.
“Las
Naciones Unidas dicen que debe de haber al menos tres policías por cada mil
habitantes; en el caso del municipio de Toluca tenemos mil 300 policías, lo que
nos harían falta aproximadamente mil 200 policías más. Se requiere utilizar los
recursos del gobierno federal, que ya ha destinado para mayor reclutamiento de
policías y elevar la capacidad de los policías que en la mayoría de los casos
tienen poca escolaridad, poco entrenamiento y con salarios no muy
competitivos”, profundizó.
Pidió
considerar a la seguridad pública como tema multidimensional, por lo argumentó
se debe reflexionar el Mando Único, ya que –dijo- debe haber modelos distintos
para cada una de las localidades del municipio y no solo desde el nivel
central.
Destacó
el caso en el que se vio involucrado el actual director de seguridad pública,
Javier Torres García, por su presunta actuación en el secuestro y extorsión de
un joven, siendo señalado incluso por la Comisión de Derechos Humanos, deja de
manifiesto que “se debe de requerir un perfil intachable para este tipo de
trabajos”.
En
su participación, Fermín Carrillo, ahora militante de Morena, especificó que de
un presupuesto de 5 mil millones de pesos, solamente se destinan a la obra
pública 500 millones de pesos, lo que obliga a vivir con un rezago de 50 años
en esa materia.
“Necesitamos
replantear las cosas para que ese presupuesto participativo sea un instrumento
donde los vecinos puedan decidir cuáles son las obras más urgentes, hemos
planteado que sea del 25 por ciento del presupuesto anual”, finalizó.
MIL
MDP PARA ATACAR PROBLEMAS EN PUEBLOS ORIGINARIOS DE TOLUCA
Al
realizar el segundo Foro de Análisis y Propuestas sobre Derechos de los Pueblos
Originarios, convocado por “En Toluca, Sí Podemos”, los integrantes de
esta plataforma política, expusieron que las comunidades indígenas del
municipio, principalmente, San Andrés Cuexcontitlán, San Pablo Autopan, San
Pedro Totoltepec, Calixtlahuaca, San MarcosYachihuacaltepec, San Felipe
Tlalmimilolpan y Santiago Tlacotepec, donde los niveles de pobreza son altos,
en tiempos electorales son graneros de votos a favor del PRI y de aquellos
gobernantes que lucran con la necesidad de un pueblo.
Félix
Santana Ángeles, fundador de morena e integrante de esta plataforma política,
explicó que un camino para sacar a estas comunidades de la marginación, es
hacer valer el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre los pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes, que les
permite participar directamente en la planificación, coordinación, ejecución y
evaluación de las Políticas Públicas que les afecta de manera directa;
respetando su libre determinación para definir su condición política, de
desarrollo económico, social y cultural; todo ello, con recursos públicos del
gobierno municipal.
Criticó
que con un presupuesto de 5 mil millones de pesos anuales y siendo uno de los
municipios con mayor poder adquisitivo del país, los pueblos originarios de
Toluca sean tratados como ciudadanos de los países del tercer nivel, sin agua,
drenaje, transporte público, sin seguridad pública, escuelas con deficiencias
de infraestructura y sus centros de salud carezcan de doctores y
medicamentos.
Miguel
Martínez, morenista y promotor de la plataforma política, denunció que
detrás de la pobreza de estos pueblos se encuentra la intención de las
autoridades de municipalizar los pozos de agua, que actualmente son
administrados por los Comités Independientes. “Los gobiernos panistas y
priistas argumentan que existe una mala administración, una falta de ingresos e
infraestructura de buena calidad”.
Puntualizó
que desde hace 40 años, los indígenas son víctimas permanentes del abuso del
gobierno que busca poseer el control del recurso natural; sobre todo, en las
localidades de San Buenaventura, San Andrés Cuexcontitlán y San Pablo Autopan.
De
igual manera, recordó el despojo de 110 hectáreas de parcelas a campesinos de
San Andrés Cuexcontitlán, la falta de pago de sus terrenos derivado de la
expropiación de los predios en San Pedro Totoltepec para construir el actual
aeropuerto y la re categorización del Nevado de Toluca; que ahora permite al
gobierno manejar este patrimonio natural.
Durante
el foro, los campesinos e indígenas de estos pueblos originarios, hablaron de
la importancia de la Defensa del Territorio y la persecución a luchadores sociales
que en lugar de obtener una respuesta por parte de la autoridad han encontrado
represión, tortura, intimidación y encarcelamiento.
Por
ello, los promotores de “En Toluca, Sí Podemos” plantean invertir mil
millones de pesos para resolver los problemas más urgentes en estas
comunidades, donde la marginación es un desafío mayor y la discriminación, la
explotación y el despojo de los recursos es un problema estructural de largo
plazo, que debe combatirse con educación y reconstrucción del tejido social,
sobretodo, para evitar que se sigan violentando los derechos de los pueblos
originarios; y donde las autoridades -de todos los niveles de gobierno- tienen
una amplia responsabilidad.
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