*Iniciativa al Código Penal para el
Distrito Federal duplica sanción también a quienes manipulen válvulas de
distribución o suministro sin contar con la autorización correspondiente de
quien legalmente esté facultado para ello.
*La pena que propone es de 4 a 16 años a
servidores públicos que lucren políticamente con suministro y distribución de
agua.
La
propuesta a la reforma al artículo 270 del Código Penal propone elevar de 4 a
16 años de prisión a los servidores públicos en los hechos señalados. La misma
pena se aplica para los servidores públicos que manipulen las válvulas de
distribución o suministro sin contar con la autorización de quien esté
facultado legalmente para hacerlo.
Al
presentar una iniciativa que reforma el Código Penal de la Ciudad de México, la
legisladora demandó acabar con esas prácticas que en las últimas semanas
provocaron enfrentamientos en delegaciones como Iztapalapa, donde se agudizó el
desabasto de agua, a causa del sismo del pasado 17 de septiembre. Advirtió que
se deben tomar medidas más estrictas para acabar con la especulación del vital
líquido, al tiempo que demandó a las autoridades a aplicar la ley a quienes
cometan los ilícitos señalados.
Desafortunadamente
a costa de la necesidad, ha florecido el lucro económico y político. Durante
los últimos 5 años ha sido creciente el número de denuncias por el
condicionamiento del servicio de carros tanque y pipas, así como la
manipulación indebida de las válvulas que distribuyen y abastecen de aguas a
los colonos, ya que muchas siendo competencia exclusiva del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México son manipuladas indebidamente por el personal Delegacional
y viceversa.
“Lo
que pretendemos con esta iniciativa es desincentivar el uso político que se
está haciendo del agua en diversas zonas de la Ciudad de México, porque al
parecer las sanciones actuales no son suficientes” y ejemplificó: “la
especulación y condicionamiento del servicio gratuito ha sido tan severo que el
propio gobierno de la ciudad ha tenido que blindar las pipas con personal de la
Contraloría General ante estos hechos de corrupción. No es posible que el agua
se reparta sólo entre simpatizantes de las autoridades delegacionales”.
Al
lamentar el lucro económico y político que ha florecido en los últimos cinco
años, aseguró que a pesar de que el número de denuncias ha crecido por el
condicionamiento del servicio de carros tanque y pipas, o que personal no
autorizado manipule indebidamente las válvulas que distribuyen y abastecen de
aguas a los vecinos, continúan estas prácticas criminales.
La
severa escasez que enfrentan miles de habitantes de varias delegaciones, se
agudizó con los sismos de septiembre pasado que afectaron diversos ductos que
canalizan agua a la ciudad, lo que generó la venta o condicionamiento de pipas
de las delegaciones.
“No
podemos seguir siendo testigos de cera ante esta problemática que afecta a
miles de familias de capitalinos, debemos, como nos ordena la Constitución,
proteger y garantizar el ejercicio pleno y disfrute de los derechos humanos,
como es el derecho al agua”, agregó.
La
propuesta a la reforma al artículo 270 del Código Penal propone elevar de 4 a
16 años de prisión a los servidores públicos en los hechos señalados. La misma
pena se aplica para los servidores públicos que manipulen las válvulas de
distribución o suministro sin contar con la autorización de quien esté
facultado legalmente para hacerlo.
Al
presentar una iniciativa que reforma el Código Penal de la Ciudad de México, la
legisladora demandó acabar con esas prácticas que en las últimas semanas
provocaron enfrentamientos en delegaciones como Iztapalapa, donde se agudizó el
desabasto de agua, a causa del sismo del pasado 17 de septiembre. Advirtió que
se deben tomar medidas más estrictas para acabar con la especulación del vital
líquido, al tiempo que demandó a las autoridades a aplicar la ley a quienes
cometan los ilícitos señalados.
Desafortunadamente
a costa de la necesidad, ha florecido el lucro económico y político. Durante
los últimos 5 años ha sido creciente el número de denuncias por el
condicionamiento del servicio de carros tanque y pipas, así como la
manipulación indebida de las válvulas que distribuyen y abastecen de aguas a
los colonos, ya que muchas siendo competencia exclusiva del Sistema de Aguas de
la Ciudad de México son manipuladas indebidamente por el personal Delegacional
y viceversa.
“Lo
que pretendemos con esta iniciativa es desincentivar el uso político que se
está haciendo del agua en diversas zonas de la Ciudad de México, porque al
parecer las sanciones actuales no son suficientes” y ejemplificó: “la
especulación y condicionamiento del servicio gratuito ha sido tan severo que el
propio gobierno de la ciudad ha tenido que blindar las pipas con personal de la
Contraloría General ante estos hechos de corrupción. No es posible que el agua
se reparta sólo entre simpatizantes de las autoridades delegacionales”.
Al
lamentar el lucro económico y político que ha florecido en los últimos cinco
años, aseguró que a pesar de que el número de denuncias ha crecido por el
condicionamiento del servicio de carros tanque y pipas, o que personal no
autorizado manipule indebidamente las válvulas que distribuyen y abastecen de
aguas a los vecinos, continúan estas prácticas criminales.
La
severa escasez que enfrentan miles de habitantes de varias delegaciones, se
agudizó con los sismos de septiembre pasado que afectaron diversos ductos que
canalizan agua a la ciudad, lo que generó la venta o condicionamiento de pipas
de las delegaciones.
“No
podemos seguir siendo testigos de cera ante esta problemática que afecta a
miles de familias de capitalinos, debemos, como nos ordena la Constitución,
proteger y garantizar el ejercicio pleno y disfrute de los derechos humanos,
como es el derecho al agua”, agregó.
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