El representante legal de los
indígenas mayas que perdieron la vista por una mala operación de cataratas
patrocinada por la Fundación Cinépolis, dentro de su programa “Del Amor Nace la
Vista”, Alejandro Foyo, lamentó la decisión de esta cadena mexicana de
exhibición de películas de demandar a Fernando Avilez Tostado por un supuesto
daño moral que derivó de que un Juez Civil prohibiera al presidente nacional de
la fundación “No Más Negligencias Médicas” volver a mencionar el caso de los
adultos mayores, la marca Cinépolis, de su fundación y su programa para mejorar
la salud visual de personas de escasos recursos.
“Esta decisión del administrador
de justicia no tiene fundamento legal, ya que en el Código de Procedimientos
Civiles de la Ciudad de México, no existe ningún título que faculte a un Juez
prohibir a un ciudadano emitir opiniones, o mencionar alguna marca, ya que en
un estado Constitucional, de Derecho y Democrático, este tipo de medidas son
restrictivas a la libertad de expresión y, sencillamente no tienen fundamento”
explicó el abogado.
Aseguró que el presidente de la
fundación “No Más Negligencias Médicas” tiene la posibilidad de impugnar esta
medida de un supuesto daño moral que sólo intenta acallar, amedrentar y
controlar la información para que no se difunda y, con ello, evitar que los
indígenas afectados –dos de ellos perdieron el órgano visual—no tengan acceso a
la justicia”.
Consideró que lo que pretende
esta cadena de salas de cine es demostrar un “músculo” político y de influencia
en el ámbito Judicial para callar a las personas que han demandado la
reparación de aquellos que han perdido la vista por el programa “Del Amor Nace
la Vista”, patrocinado por la Fundación Cinépolis, dejando a un lado a las
víctimas directas que, hasta el momento, no han tenido una reparación del daño
y siguen sufriendo, el día a día, con los estragos que dejó esa fallida
intervención quirúrgica.
Sobre el avance de la demanda
civil en contra de los médicos y propietario del Instituto de Salud Visual
(ISVI) en los Juzgados primero, segundo y tercero de Cancún, Quintana Roo,
señaló que ha quedado demostrado que estos fueron invitados para participar en
dicho programa y, para ello, la fundación Cinépolis contrató a una clínica que
carecía de los permisos, como quedó demostrado luego de la clausura de sus
instalaciones por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(Cofepris).
El abogado Foyo mencionó que pese
a que ya se contestaron las demandas --dos de los cinco medios demandados, así
como el representante legal de la fundación Cinépolis-- aún no han sido
localizados tres médicos, así como el propietario de la clínica donde se realizaron
las intervenciones quirúrgicas pero que el Juez del caso autorizó que estas
notificaciones se lleven a través de un edicto, lo que podría agilizar el
juicio. Confió en tener una sentencia de manera pronta.
Sobre la posible responsabilidad
civil de la fundación Cinépolis, el abogado dijo que la empresa ha pretendido
excusarse con el argumento de que no tiene ninguna responsabilidad civil, ya
que ésta no opero. Sin embargo, ha quedado demostrado en el juicio dentro de su
objeto social se encuentra la realización de operaciones para mejorar la salud
visual, además de que ya se cuentan con el contrato de servicios profesionales,
facturas, incluso los elementos que derivan que fue la propia fundación la que
entregó los “kits” utilizados para la realizar las cirugías.
Esperamos que este juicio pueda
contar con una sentencia pronta, ya que desafortunadamente las víctimas –todos
ellos adultos mayores—que tenían la ilusión de recuperar la visión, resultaron
afectados por una negligencia médica y, algunos de ellos, a consecuencia de la
intervención quirúrgica, se encuentran con un grave deterioro en su salud. “No
retrasemos más el acceso a la justicia de estos hombres y mujeres”, expresó.
Por último, el abogado pidió la
intervención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto; del titular de
la Secretaría de Salud, José Narro Robles; del presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar; así como al titular de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez;
intervenir a favor del grupo de indígenas mayas que conforme pasa el tiempo se
deteriora aún más su salud.
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