Toluca, Estado de México. El
Gobierno del Estado de México, en colaboración con el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF), trabaja en la elaboración de un nuevo modelo
de medidas de protección para mujeres en situación de violencia.
Los trabajos contemplan un
diagnóstico cualitativo para identificar los obstáculos, pero también las
buenas prácticas que se llevan a cabo en la atención de mujeres en riesgo, para
generar, a partir de él, una propuesta de actuaciones para atender, otorgar y
dar seguimiento a las órdenes de protección.
“A través de las medidas de
protección es que se salva la vida de las mujeres y además, dentro de los
propios sistemas municipales y de la Fiscalía General hay un gran interés en
tener un sistema de medidas que funcione adecuadamente”, expuso Dilcya García,
Fiscal Central de Atención a Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Los trabajos buscan que todas las
instancias consideradas en la atención de la Alerta sean corresponsables en el
modelo de órdenes de protección, con el fin de garantizar su implementación y
operatividad.
“Se ha demostrado que la
implementación de este mecanismo tiene efectos fundamentales para proteger a
las mujeres, principalmente tiene un efecto preventivo del feminicidio y tendrá
finalmente también un impacto preventivo en general, de violencia”, detalló
Rodolfo Domínguez, representante del OCNF.
Los trabajos de diagnóstico y
construcción del modelo tomarán aproximadamente cuatro meses, en los cuales,
especialistas se reunirán con víctimas que hayan solicitado medidas de
protección para entrevistarlas y conocer su percepción sobre la atención y respuesta.
Además, se encuestará a los
servidores públicos que son el primer contacto con las víctimas de violencia de
género y se realizarán grupos focales para compartir experiencias.
Finalmente, se llevarán a cabo
reuniones con los responsables de cada área para encauzar los trabajos de
coordinación que permitan que las órdenes de protección puedan garantizar el
bienestar de las mujeres que las soliciten.
“La diferencia entre una mujer
que recibe una orden de protección como debe ser y una mujer que no la recibe
es gigantesca, no sólo en su vida, no sólo en lo que significa salvar su vida,
su integridad, su dignidad, la de su familia, sino lo que eso hace en cadena
hacia su comunidad”, explicó Xípatl Contreras, investigadora de la organización
Justicia, Derechos Humanos y Género, quien estará a cargo del diagnóstico.
Entre las medidas de protección
que serán exploradas está la custodia de las mujeres en situación de violencia,
su capacitación para trabajar y tener los recursos para salir del círculo de
agresión y la inversión en sus negocios para hacerlas autosustentables y
empoderarlas.
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