La ONU-DH
identificó “graves violaciones al debido proceso” contra los defensores del
agua.
“Es una
gran oportunidad para rectificar la injusticia que ha costado, hasta la fecha,
la libertad de estas personas por más de diez años”: Jan Jarab.
AMLO debe
pronunciarse por liberar a indígenas de Tlanixco: Lara Duque
En honor a
la premisa de “primero los pobres”, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino
Ladrillero” exhortó a Andrés Manuel López Obrador para que en su primer acto
como presidente Constitucional ordene la libertad de seis indigenas de San
Pedro Tlanixco que fueron encarcelados y sentenciados a más de 50 años de
prisión por defender el agua.
La oficina
del representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, identificó en el
proceso judicial “graves violaciones al debido proceso” contra el grupo de
indigenas, que incluye a una mujer en calidad de adulto mayor.
“Es una
gran oportunidad para rectificar la injusticia que ha costado, hasta la fecha,
la libertad de estas personas por más de diez años”, mencionó Jan Jarab en un
mensaje a través de las redes sociales de la oficina del representante del Alto
Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos
Humanos en México.
En este
sentido, el presidente del “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque,
expresó su reconocimiento a los habitantes de esta pueblo nahua que han sufrido
la represión de las autoridades del gobierno mexiquense y que, desde hace 15
años, mantiene en prisión a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez
González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez
González y Rómulo Arias Mireles, por el delito de defender su derecho a la
justicia y el derecho humano al agua.
El abogado
recordó que el vital líquido ha sido utilizado para favorecer a la industria
que se encuentra en la región, situación por lo que los habitantes de esa
comunidad se organizaron para asignar agua como derecho de utilizarla para
fines personales y domésticos y que el
agua debe tratarse como un bien social, cultural, y no fundamentalmente
como un bien económico.
Con este
razonamiento, detalló, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido una
lucha desde los años ochenta, cuando grandes empresas floricultoras llegan al
municipio de Villa Guerrero. En 2002 se agudizó la disputa entre ambas
comunidades por el uso y disfrute del río Texcaltenco, el cual nace en San
Pedro Tlanixco.
Cabe
destacar que el afluente fue concesionado por la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) a empresarios del municipio floricultor más importante del país,
desde entonces, los nahuas no tienen acceso a su propia agua, aunque cuentan
con documentos válidos que los acreditan para poder explotar sus aguas.
Mencionó
que 1 de abril 2003 los pobladores de San Pedro Tlanixco fueron agredidos por
grupos paramilitares, financiados por el presidente de los floricultores –de
origen español– que argumentaban que el agua del rio llegaba sucia, provocando
daños a sus productos. Al repeler la agresión resultaron lesionados varias
personas y el empresario resultó muerto.
Después de
estos hechos, policías mexiquenses, en apoyo a los grupos paramilitares,
iniciaron una fuerte represión contra los habitantes de la comunidad, los
cuales fueron sacados de sus domicilios –sin orden judicial–, amenazados de ser
asesinados y violadas sus mujeres, para finalmente llevarse presos a Dominga
González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal,
Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles,
quienes no participaron en el enfrentamiento.
“La única
razón de dirigir la acción penal contra estas personas es que los ahora
detenidos fungían como representantes del pueblo indígena y es la única razón
por la Estado se dirigió en su contra, además de que con esta acción, los
autoridades y los empresarios floricultores dejaron acéfala la resistencia
indígena de Tlanixco y por otro dejaron un mensaje de terror para desmovilizar
a la comunidad”, aseguró.
Desde 2003,
los indígenas presos se mantiene resistiendo legalmente ante la falsas
acusaciones en su contra, pese a que durante el juicio ha quedado demostrado
que los testigos presentados por los empresarios fueron aleccionados al
presentar declaraciones idénticas.
El
único delito de los procesados es la defensa representar los intereses de los
indígenas de esta región del país y la defensa de los derechos humanos. Ahora enfrontan la posibilidad de morir en
prisión pero la defensa jurídica y la solidaridad de los pueblos les darán la
libertad, concluyó.
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