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Ésta
es la crónica de un fraude anunciado y la perpetuidad de la impunidad como
bandera política en la ciudad de México. De acuerdo con lo publicado por Especialistas en Medios Monitoreo y Análisis el pasado 26 de mayo (*)
el sistema de transporte eléctrico de la CDMX, está por dar un giro radical y
no precisamente a favor de la salud financiera de la ciudad, sino todo lo
contrario, por las declaraciones de Héctor Serrano Cortés, titular de la
Secretaría de Movilidad, se habla de un presupuesto con cargo a la deuda pública
por un monto de 7 mil millones de pesos cito
“el funcionario local precisó que el crédito de siete mil millones de pesos que
se obtuvo con aval del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda” para
comprar los autobuses que habrán de sustituir al trolebús en los próximos
meses.
Autobuses
híbridos, con baterías radioactivas con una vida útil promedio de 6 años y cuyo
costo de cada módulo utilizado en un autobús es de 280 mil dólares y el autobús
está presupuestado en 16 millones 200 mil pesos, haciendo cuentas la modernidad
resultará excesivamente onerosa además del irremediable daño colateral que
significará el desempleo de centenares de tranviarios, específicamente hablando
de los encargados de línea elevada.
Finalmente
estamos ante un panorama que vaticina lavado de dinero ya que por parte de los
funcionarios de movilidad y STE, Héctor Serrano y Eduardo Venadero, están dando
por hecho la compra de los vehículos a VOLVO, empresa extranjera que cierra el
paso a las empresas mexicanas como DINA que entre otras cosas en materia de
movilidad, han propuesto el nuevo RIDDER E, trolebús inalámbrico presupuestado
en alrededor de 550 mil dólares y que cuenta con un sistema de autonomía basado
en un motor independiente a diésel que le permite desconectarse de la línea
elevada (catenaria) para poder seguir con su recorrido en caso de presentarse
alguna eventualidad.
Todo
esto quiere decir que los datos y las preguntas están sobre la mesa, hagamos
cuentas y saquemos conclusiones, al mismo tiempo, la sociedad civil como
principal afectado con el cambio de transporte, es quien debería tener la
última palabra y no permitir que para un enriquecimiento ilícito, se ponga de parapeto
al usuario y sobre todo al medio ambiente de la ciudad de México.
Por seudo-especialistas asesores de SeMoVi pagados por el pulpo camionero
ResponderEliminarSolo chequen lo que le costaron sus nuevos troles a Guadalajara
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