El Centro de Derechos Humanos
“Zeferino Ladrillero” alertó sobre la criminalización y los ataques
sistemáticos en contra de los defensores del agua, la tierra, el acceso a la
justicia, medio ambiente sano, el acceso a una vivienda digna, la libertad de expresión
y de todos aquellos que denuncien y combatan la violencia contra las mujeres en
todas sus formas, o que exijan una educación de calidad.
José Antonio Lara Duque,
coordinación de esta asociación civil, aseguró que el ataque a los defensores
de los derechos humanos va acompañada de acciones de hostigamiento y
persecución en contra de sus familiares que desafortunadamente continúan
viviendo la realidad de la desaparición forzada, como uno de los fenómenos más
dramáticos que vive México.
Criticó la tendencia de los
gobiernos, tanto federal, como estatales –particularmente en la entidad
mexiquense— donde aquellas personas que se enfrentan a la política de
megaproyectos, que juntan intereses políticos y económicos, sufren de una fuerte deslegitimación,
estigmatizando a las personas defensoras como enemigas del desarrollo.
El abogado Lara Duque aseguró que
los pueblos originarios no están en contra del desarrollo, sino que piden que
antes de iniciar estos proyectos sean tomados en cuenta, a través de mecanismos
de consulta, antes de emprender proyectos económicos que afecten sus
territorios.
Sin embargo, puntualizó que estas
consultas deben ser verdaderamente previas, libres, informadas y culturalmente
adecuadas.
Hizo un llamado al Estado
mexicano para garantizar un ambiente propicio y seguro para las personas
defensoras, toda vez –lamentó—que este tipo de expresiones “suelen ser mensajes
repetidos cotidianamente por la autoridades de todos los niveles, pero en los
hechos no se cumple con esta premisa.
Por ello, pidió trabajar,
sociedad y gobierno, para contrarrestar la vieja pero todavía muy fuerte
tendencia de estigmatizar y desprestigiar quienes ejercen la labor de defensa,
quienes critican los poderes políticos y económicos.
Antonio Lara reconoció que
existen algunos avances pero las personas que defienden los derechos humanos se
enfrentan frecuentemente a obstáculos, descalificaciones, amenazas, agresiones
y criminalización.
Exigimos que todos los mexicanos
tengamos acceso a la justicia, transparencia, legalidad y debido proceso ya que
el cumplimiento irrestricto de estos principios nos hacen vislumbrar el camino
hacia un pleno Estado de Derecho.
Sin embargo, concluyó, esa función crítica
frecuentemente afecta poderosos intereses instalados e implica un alto riesgo
para quienes denuncian violaciones a os derechos humanos, abusos de autoridad o
corrupción.
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